El Intérprete y El Detenido                                            

Por D. José Manuel Ortega Lorente, Magistrado-Juez
 
 
 
 

1- La función del intérprete.
 
 

El intérprete interviene en las diligencias judiciales para solucionar los problemas que plantea el uso de idiomas diferentes por las personas que intervienen en ellas. Para que el trabajo se realice adecuadamente, es necesario que el intérprete conozca el significado de las diligencias en que su actuación mediadora es necesaria. Una mera conversión de palabras de un idioma a otro no puede satisfacer (garantizar) los derechos de las personas que precisan del intérprete.
 
 

Cuando el intérprete es avisado para que comparezca en un lugar de detención - comisaría, retén, puesto policial o Juzgado de Instrucción - para asistir a una persona detenida que no conoce, o no maneja con la soltura necesaria el castellano o la lengua co-oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, debe conocer los derechos que el detenido tiene, no para hacerlos valer, sino para que su intervención garantice que dicha persona va a ser correctamente informada y va a poder ejercerlos si lo desea.
 
 

2. El intérprete y la información de derechos.
 
 

Todo detenido que no entiende y/o no habla la o las lenguas oficiales del lugar de detención tiene derecho a ser asistido por un intérprete. Es un requisito ineludible del contenido esencial del derecho a la libertad y del derecho del detenido.
 
 

El derecho a la libre deambulación y a utilizar los instrumentos o medios de defensa frente a la atribución de la comisión de hechos con apariencia de delito, son predicables de cualquier persona detenida. El primero de ellos, obviamente, se ve restringido o limitado con ocasión de una detención. Sin embargo, para que se respete su contenido esencial y la detención sea conforme a las previsiones de la Constitución española, es necesario que exista causa para ello, que la causa esté legalmente prevista, que no se prolongue más allá de lo constitucional y legalmente establecido, que el detenido sea informado de manera comprensible de las razones de su detención y de los derechos que tiene en esa condición, que sepa que no tiene obligación de prestar declaración y que tiene derecho a ser asistido por un letrado.
 
 

El adecuado traslado de esa información a conocimiento del detenido que ignora el idioma del lugar, es función del intérprete. Este no debe limitarse, pues, a la formalidad de traducir de modo automático el contenido de los derechos que recoge el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debe alcanzar a que el detenido comprenda realmente por qué está detenido, cuales son los derechos de los que es titular y que, si lo desea, pueda ejercerlos. El detenido debe saber cuales son los motivos concretos que fundan su privación de libertad, que tiene derecho a guardar silencio y a no declarar si no quiere, a no contestar a alguna o todas las preguntas que se le formulen, a manifestar en el puesto de detención policial que sólo declarará en presencia del juez, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, a designar abogado; a solicitar su presencia para que asista a todas las diligencias policiales y judiciales de declaración y a que intervenga en los reconocimientos de identidad de que sea objeto. Tiene derecho a ser asistido por un abogado de oficio si no designa ninguno. También tiene derecho a que se comunique su detención y el lugar donde se encuentra al familiar o persona que desee y a la oficina consular de su país y, por último, debe saber que tiene derecho a ser reconocido médicamente, bien para que el facultativo le preste asistencia sanitaria si a consecuencia de ó durante la detención ha sufrido algún tipo de menoscabo en su salud o en su integridad física o psíquica, o para acreditar el padecimiento de alguna clase de enfermedad física o psíquica que pudiera haberle afectado en la realización de los actos que han motivado su detención. En el caso de toxicómanos, consumidores de bebidas alcohólicas, o personas afectadas por algún brote de una enfermedad mental, el reconocimiento médico para acreditar esa condición o esa situación de intoxicación o de enfermedad tiene una especial importancia, en tanto en cuanto quien comete hechos delictivos en esas condiciones va a ser castigado con menor rigor o, incluso, puede llegar a ser declarado exento de responsabilidad criminal.
 
 

Todo aquel detenido que no tenga un conocimiento adecuado de todos los extremos indicados con anterioridad no sólo estará detenido de manera no respetuosa con el contenido esencial de su derecho a no ser detenido sino con la observancia de lo establecido en el art. 17.3 de la Constitución Española y en el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que podrá verse limitado indebidamente en las posibilidades que tiene de ejercer su derecho de defensa.

Quien no conozca que puede negarse a declarar, que tiene derecho a no contestar, a no declararse culpable o que tiene derecho a ser asistido por letrado y a tener una entrevista con el mismo tras la declaración prestada en el lugar de detención, bien es compelido, o bien puede verse inducido, por error, a actuar en contra de sus intereses. Ello resulta incompatible con el derecho que tiene toda persona a la que se atribuye la participación en hechos con apariencia de delito, a ejercitar todos los medios lícitos a su alcance para defenderse de la imputación delictiva.
 
 

El intérprete nunca puede suplantar la intervención del letrado del detenido, a quien corresponde controlar que la autoridad y sus agentes respetan los límites básicos de los derechos del detenido sin perjuicio de que estos también vienen obligados a realizar esa tarea de control. Sin embargo, no debe olvidar que si no realiza correctamente su trabajo, está impidiendo que el detenido ejerza adecuadamente sus derechos. Por ello, el intérprete debe adaptar el lenguaje al nivel cultural del detenido, evitando en lo posible el uso de tecnicismos o de expresiones anacrónicas producto de traducciones literales de los términos de la ley española. Su objetivo no es solo que el detenido escuche en su idioma el contenido correspondiente a la información de la causa de la detención y de derechos, sino principalmente que llegue a ser consciente de porqué está detenido y qué derechos tiene.
 
 

Si todo lo dicho revela de manera contundente la trascendencia de la intervención del intérprete como garante de los derechos del detenido, la lectura de los artículos 530 y 537 del nuevo Código Penal, manifiesta como el legislador entiende que la privación dolosa, intencionada, de los derechos del detenido y, entre ellos, del de ser asistido por intérprete, es merecedora del reproche penal. El art. 530 sanciona a la autoridad o funcionario público que acordare, practicare o prolongare una detención, mediando causa por delito, con violación de las garantías constitucionales o legales, y el art. 537 sanciona la conducta de la autoridad o funcionario público que no informe de modo inmediato y de manera que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención.
 
 

3. El intérprete en la declaración del detenido.
 
 

El detenido puede optar por declarar en dependencias policiales, puede manifestar en estas que sólo lo hará ante el Juez o puede acogerse a su derecho a no hacerlo. En el caso de que declare ante la Policía o ante el Juez, el intérprete deberá asistir necesariamente al extranjero desconocedor del castellano y/o del correspondiente idioma co-oficial. La declaración sucede a la información de derechos y es consecuencia de una determinada opción elegida por el detenido entre las que se le ofrecen al ser informado de los mismos -declarar o guardar silencio-. Durante la declaración, el intérprete debe traducir o interpretar al correspondiente idioma las preguntas del Juez, del Fiscal o, en su caso, del Instructor del atestado policial, y de los Abogados, con la mayor fidelidad posible y en los términos que resulten más comprensibles para el detenido. De igual modo, trasladará con fidelidad al Juez y a los restantes intervinientes en la declaración, en el idioma de estos, la interpretación de las explicaciones ofrecidas por aquél. El intérprete, que en esta diligencia actúa como intérprete sucesivo y no como intérprete simultáneo, debe ser extremadamente cuidadoso en evitar que las traducciones o interpretaciones que haga en cualquiera de los sentidos -traducción al detenido y traducción de lo que este dice-, por un afán de concentración, traicionen el sentido de las palabras o puedan ocultar aspectos o matices que otros puedan valorar como relevantes.
 
 

Finalizada la declaración, el intérprete debe leerla traducida al idioma del detenido para que éste compruebe si lo transcrito responde con fidelidad al sentido de sus palabras, dado que cuando posteriormente firme el acta que documenta la declaración, va a manifestar, precisamente, su conformidad o aquiescencia con su contenido.
 
 

Si tras la declaración el detenido queda en libertad, la resolución correspondiente, con las obligaciones que pueda llevar aparejada -obligación de comparecer ante el Juzgado días determinados-, debe ser trasladada al detenido a través del intérprete. También deberá prestar sus servicios si el detenido quisiera tener una entrevista reservada con su letrado. En caso de no mediar la actuación del intérprete, dicha entrevista, salvo que el letrado conociera el idioma de su patrocinado, sería de imposible ejecución, con lo que se impediría al detenido el ejercicio de uno de los derechos del art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 
 

Si la resolución que se dicta es la que ordena el ingreso del detenido en prisión, también deberá traducírsela el intérprete. De otro modo, la notificación practicada en el Juzgado se vería viciada de nulidad, al no permitirle conocer los motivos por los que se adopta contra él una medida de tal gravedad. Tras la reciente introducción del art. 504 bis 2 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la medida de presión no es adoptada de oficio por el Juez de Instrucción. Sólo puede dictarla si media petición del Fiscal o del letrado de la acusación. Esta petición suele anunciarse al terminar la declaración del detenido. Motiva la inmediata convocatoria de una comparecencia del detenido, su letrado, el Fiscal y las acusaciones, en el plazo de setenta y dos horas tras la puesta del detenido a disposición judicial. Si no media esa petición, el Juez puede convocarla por propia iniciativa, si entiende que la gravedad del hecho delictivo que se imputa al detenido y las circunstancias concurrentes en el mismo pueden justificar una medida de prisión provisional. A dicha convocatoria debe asistir necesariamente el intérprete, si el detenido hubiera precisado antes de su intervención. En ella, las partes -el Fiscal, los Abogados-, exponen sus peticiones de prisión provisional - con o sin fianza- o de libertad -provisional o definitiva- para el imputado, y los motivos en que fundan las mismas. Así mismo, proponen prueba a practicar en el plazo de veinticuatro horas y antes de que se agote el plazo máximo de detención. El intérprete debe dar traslado al extranjero de todas esas peticiones y motivaciones, facilitando asimismo el contacto entre el detenido y su letrado.
 
 

No debe perder el intérprete en momento alguno la perspectiva del carácter instrumental de su labor, que no puede suplantar la de otros operadores del procedimiento penal. El intérprete debe tener presente que, cuando auxilia al detenido, se responsabiliza de que conozca adecuadamente los motivos de su detención, sus derechos y que tenga en todo momento conocimiento de lo que sucede, del sentido de las diligencias en que interviene y de las decisiones adoptadas respecto a su situación personal.
 
 
 
 

Valencia, a 27 de marzo de 1996